La directiva-constructores pasa del plan de viabilidad.

El 8 de abril de 2008, el entonces presidente del Levante, Julio Romero, anunció el encargo de un plan de viabilidad que garantizaría la supervivencia del club. La elaboración de ese estudio era un requisito indispensable para contar con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia. La directiva encomendó la tarea a Tecum Auditores, filial del prestigioso despacho de abogados Broseta. Era la solución a la crítica situación económica, aunque sin perder de vista la venta de la mayoría accionarial, la gran esperanza.

Hoy, 21 de enero de 2009, el plan de viabilidad está en manos del ya ex máximo mandatario Julio Romero. Sólo han pasado unas semanas desde que traspasó el 70,3% de los títulos a un grupo inversor encabezado por el constructor Jesús Serna. El nuevo propietario ha aterrizado en Orriols con un proyecto propio. No se ha puesto en contacto con su antecesor en la presidencia del Levante para solicitarle el proyecto, ya acabado, que debía garantizar la supervivencia de la entidad durante al menos diez años.

Se ha convertido en papel mojado. Un papel mojado valorado en 229.000 euros. Es la cantidad que, según el informe concursal presentado hace unos días por los administradores, se le adeuda al bufete por "servicios prestados".

La intención era que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fuera la primera persona en ser informada sobre el plan cuando estuviera concluido. Las duras negociaciones con los compradores de la mayoría accionarial durante los últimos meses y la entrada de nuevas personas en la cúpula han hecho que la cita pendiente haya quedado en el olvido.

Es más, desde que el consejo entrante fuera presentado el 30 de diciembre, ninguno de sus miembros se ha dirigido personalmente al Consistorio para definir la líneas de trabajo. El actual dueño del Levante sigue sin tener garantizada por parte del Ayuntamiento la recalificación de los terrenos del estadio, el principal argumento que debe salvar al club azulgrana de entrar en fase de liquidación.

Mientras tanto, el informe elaborado por los administradores concursales desvela que la entidad de Orriols debe más de tres millones de euros relacionados con fichajes.

Los tribunales obligan a pagar un millón de euros al Zaragoza por el caso Savio, quién fichó por el Levante habiendo una cláusula en su antiguo contrato que le impedía marcharse a un equipo español. Debe 1,4 millones al Murcia por los derechos de Pedro León, 650.000 euros al Sporting por los de Javier Fuego y 17.429 al Valladolid por los de Jon Ander López Maquiera. Además, adeuda al Málaga 162.400 euros en concepto de "compromiso de renuncia de opción de recompra de Geijo".